LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRO VOTO POSITIVO AL AUMENTO DE MULTAS AL TRANSPORTE ILEGAL DE PASAJEROS

LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRO VOTO POSITIVO AL AUMENTO DE MULTAS AL TRANSPORTE ILEGAL DE PASAJEROS

En Rosario, y en todo el país, el transporte urbano de pasajeros es considerado un servicio público, porque busca la satisfacción de una necesidad de interés general. Por esta razón el Estado municipal debe garantizar su prestación, en algunos casos por sí mismo, en otros por intermedio de particulares (como en el caso de taxis y remises, que son considerados servicios públicos impropios). 

¿Cómo lo garantiza? Estableciendo reglas. Por ejemplo, el Municipio le impone a los taxis los días y horarios obligatorios de prestación del servicio, la tarifa, determinados estándares de profesionalismo de sus conductores, el tipo de auto a utilizar, y la obligación de contar con chofer registrado, GPS, botón de pánico y conexión al 911. Además establece la cantidad de licencias que debe haber en la calle.

De no existir estas reglas, una empresa con espalda podría saturar el mercado con autos, ofrecer el servicio durante algunos meses por una tarifa mínima, destruir todo tipo de competencia, para finalmente imponer sus propias reglas y hacer abuso de posición dominante (son varios los ejemplos de ciudades del mundo en las que lo que en principio se presentó como barato, terminó siendo carísimo en varios sentidos). Uber y otras multinacionales apuntan a eso, promoviendo el transporte privado de pasajeros por medio de autos particulares, sin control ni monitoreo estatal. Primero intentan entrar "por izquierda", y si no lo logran comienzan a solicitar un traje a medida para "regularizarse".

El argumento que esgrimen es que no son empresas de transporte, sino "plataformas colaborativas" que relacionan a usuarios con libres prestadores de un servicio, y por lo tanto se definen como "un fenómeno nuevo", no alcanzado por las normas existentes. Lo cierto es que -más allá de sus pretensiones- Uber es una empresa de transporte, y pretende prestar un servicio que la normativa vigente define como público, sin cumplir con los requisitos exigidos por el poder concedente.

Resumiendo: para las normas locales Uber es una remisería trucha. Con un agravante: ninguna remisería trucha tiene la capacidad de publicitar en medios masivos de comunicación, ni de generar demanda al punto de jaquear la regulación estatal y con ella al transporte público.

El aumento de multas al transporte ilegal, y la creación de una sobremulta cuando además este se gestione por medio de plataformas no habilitadas, deben ser parte de una estrategia de defensa del servicio público, que incluya la continuidad de la ofensiva judicial del Municipio Uber y empresas similares.

Nuestros problemas de movilidad solo van a resolverse mejorando el transporte público, no abrazando a empresas piratas que violan las normas locales, niegan a sus trabajadores, y a las que les interesa muy poco la suerte de sus usuarios.